"La respuesta suave quebranta la ira; las palabras duran excitan el furor" (Pr 15,1)
Las declaraciones del jefe de Policía, comisario general Hugo Sánchez, en alusión al desempeño de la Justicia en torno a la problemática de la inseguridad han provocado diversas reacciones, incluso el respaldo de parte del Ministro de Seguridad Ciudadana Dr. López Herrera. En lo personal, advierto un tono innecesariamente provocador, alarmista y evasivo en las manifestaciones del jefe policial. El discurso es provocador en cuanto señala a los operadores judiciales (jueces, fiscales, y demás funcionarios) como médula del problema de la inseguridad, al atribuir al Poder Judicial la falta de castigo y sanción a delincuentes "detenidos" por la Policía en "innumerables" casos, liberados casi de inmediato por la Justicia. Y es alarmista en cuanto acude a cierta información estadística con la que pretende justificar ante la opinión pública sus afirmaciones y deslindar así, de manera evasiva, la responsabilidad funcional que corresponde a la fuerza policial a su cargo en el desarrollo de las tareas de prevención del delito.
La Política y el Derecho son los medios con los que el hombre intenta desterrar la violencia y disminuir la desigualdad social, pero ambas son connaturales a las sociedades humanas que hasta ahora no pudieron aplicar otros métodos que la propia "violencia estatal" (sanción, pena) para desalojar la "violencia social" (delito) y establecer formas justas de convivencia. Coincido con quienes califican de toscas a las posiciones del pensamiento jurídico que, haciéndose eco del clamor público por mayor protección frente al delito, plantean un conflicto entre la vigencia de las garantías constitucionales y la seguridad individual. No coincido con quienes aducen que la eliminación de garantías constitucionales permitirá descubrir y castigar mayor cantidad de delincuentes y que, con ello, se disminuirá el índice de delitos. Aquí, el fin justifica los medios. Tales ideas son absolutamente inadmisibles en un Estado de Derecho.
La solución al problema de la inseguridad incumbe a toda la sociedad. Un individuo que adquiere a bajo precio un "estéreo" de automóvil, de origen delictivo, solo contribuye a retroalimentar el entorno delictivo. Una persona que conociendo de un hecho delictivo no brinda su testimonio por temor a represalias, involuntariamente obstaculiza la averiguación de la verdad e impide la eficaz actuación judicial. Mañana serán, seguramente, nuevas víctimas directas o indirectas de la delincuencia.
Recientemente la Legislatura y los fiscales de instrucción, en diálogo institucional, enseñaron el camino posible al propiciar el consenso para la modificación del código procesal penal adecuando el novel procedimiento de flagrancia a las posibilidades concretas de actuación efectiva y eficaz de la Justicia tucumana. Esta experiencia altamente positiva, que culmino con la aprobación del proyecto legislativo, fue consecuencia del respeto mutuo y del trabajo conjunto y solidario. Una nueva manera de pensar y actuar viene caminando. Ya lo había anticipado Einstein: "No podrás resolver los problemas que tienes hoy pensando a la misma manera que pensabas cuando los provocaste".